La reforma de la Ley de Extranjería, que introduce cambios para facilitar que miles de extranjeros entren el mercado de trabajo, está en su recta final. El Consejo de Estado ha enviado ya su dictamen favorable al real decreto. Lo ha hecho a pesar del rechazo del Ministerio del Interior a que el proyecto saliese adelante porque podría promover un efecto llamada. El Consejo de Estado, por contra, mantiene en su informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que la reforma “constituirá una considerable mejora en la regulación del régimen jurídico de los extranjeros en España”. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha liderado la iniciativa, aspira a que el texto se apruebe en el Consejo de Ministros el próximo 26 de julio o, como máximo, el 2 de agosto, según fuentes ministeriales. Una vez publicado en el BOE, entrará en vigor en 20 días.

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