Desde la controversia del supuesto síndrome posaborto que el PP apoyó en el Ayuntamiento de Madrid a instancias de Vox, todos los movimientos de la cúpula nacional han ido dirigidos a cerrar cuanto antes el capítulo del aborto. Génova rectificó a toda velocidad la posición sobre ese síndrome no avalado por la ciencia y, después, se movió para que las comunidades del PP cumplieran con la exigencia legal de crear un registro de sanitarios objetores, después de que el Gobierno reclamara por carta a cuatro autonomías, tres del PP, que están incumpliendo. Dos de las populares, Aragón y Baleares, se apresuraron a anunciar que lo harán. Solo Isabel Díaz Ayuso ha ido por libre, al confirmar ayer que “nunca”, dijo, creará ese registro del que discrepa. La decisión de la presidenta de Madrid alarga al PP dos semanas el embrollo del aborto, lo que ha provocado un gran malestar en el conjunto del partido. Alberto Núñez Feijóo se ha visto obligado a ofrecer garantías de que el PP, si llega a La Moncloa, no pondrá trabas al ejercicio de este derecho de las mujeres.

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