“Cuando han aparecido los primeros restos”, explica Luciano Montero, nieto de uno de los fusilados que se buscan en la mina La Paloma, en Zarza la Mayor (Cáceres), “hemos sentido un alivio enorme porque hoy [por este jueves] el Parlamento extremeño ha derogado la ley de memoria y probablemente no hubiéramos podido seguir. Pero ya han sacado tres cráneos con agujeros de bala y esto no lo para nadie. Quizá suene macabro, pero es como si nos hubiera tocado la lotería”. Como han hecho en otras comunidades, el PP y Vox han derogado la ley regional, impulsada, en este caso, por el Gobierno socialista del recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara, para sustituirla por otra llamada “de concordia” que evita referirse al golpe de Estado de Franco en 1936 como tal -“La guerra civil española llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”, reza el texto- y que tampoco llama dictadura a los casi 40 años de represión del régimen franquista. El diputado de Vox que ha defendido la iniciativa, Óscar Fernández, ha asegurado que la nueva norma “se centra en recuperar a personas queridas”, pero ni los partidos de la oposición ni los colectivos memorialistas extremeños se fían de que vaya a ser así.

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