El Gobierno tenía la convicción de que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea traería buenas noticias, pero el informe ha sido aún mejor de lo esperado. En el Ejecutivo se percibía este jueves una evidente euforia ante una decisión que, si se consolida en el propio tribunal, algo altamente probable dados los antecedentes, supone abrir el paso definitivamente al regreso de Carles Puigdemont a España. Los cálculos para esta ansiada realidad, sobre todo en Junts, decisiva para la legislatura, se sitúan ahora alrededor de la llegada de la primavera, al final del primer trimestre de 2026, cuando está previsto que el Tribunal Constitucional resuelva —se supone que favorablemente gracias a la mayoría progresista― el recurso de amparo que ha presentado el ex president, que lleva ocho años en Waterloo para evitar a la justicia española.

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