El Gobierno andaluz (PP) ya consideró la pasada primavera que uno de los contratos de emergencia sanitarios diseñados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que investiga un juzgado de Sevilla no se ajustaba a la legalidad. El Ejecutivo tenía previsto pagar con los fondos europeos Feder los 47,5 millones de la segunda reforma del Hospital Vigil de Quiñones en la capital andaluza, pero el verificador del gasto de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos estimó indebida la fórmula de emergencia empleada por el SAS para adjudicar los trabajos sin la publicidad necesaria para una obra pública. Ante ese rechazo, el Gobierno autonómico evitó acudir a la Comisión Europea y finalmente ha abonado esa cantidad con fondos propios.

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