Conspiracionismo, venganza y togas: la larga caída de un juez prevaricador

Conspiracionismo, venganza, mentiras, togas y Ley. Todos estos factores se entremezclan en la historia de Fernando Presencia, un juez expulsado de la carrera por prevaricador, convertido ahora en agitador del sistema al que perteneció. Investigado y condenado por presentar denuncias falsas, los tribunales tratan de frenar a este antiguo magistrado mientras él explota los límites procesales y se lanza a acusar de corrupción, sin pruebas, a muchos de los que se cruzan en su camino: ya sea la secretaria del juzgado que tramita su desahucio en Talavera de la Reina (Toledo) o los magistrados del Tribunal Supremo que deben resolver sobre la pena de 34 meses de cárcel que pende sobre él.

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«Especulaciones» e imputaciones falsas

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha sido uno de los objetivos de Presencia. En conversación con EL PAÍS, al igual que en una intervención en un programa de Cuatro, el antiguo juez afirma que la política «se llevó dinero» al extranjero procedente de «sobornos». Para sostenerlo, añade que su fuente de información es el CNI y que la Audiencia Nacional «dice que es cierto». Según él, tres magistrados de la Sala de lo Penal lo confirmaron en un auto del 24 de marzo, pero concluyeron que no podían investigarlo por estar prescrito. Sin embargo, esa resolución no da por probada esa acusación: dicho dictamen, consultado por este periódico, ratifica el archivo de la causa ordenado por el Juzgado Central de Instrucción 3, que calificó la redacción de la denuncia de «incoherente e inconexa». Es más, la Sala de lo Penal ahonda en que Acodap utiliza «términos especulativos» y no proporciona «ningún dato sobre los gravísimos hechos denunciados o sobre la identidad de las víctimas, haciendo imposible cualquier ulterior corroboración y, a la vez, inverosímil lo denunciado». Al insistirle sobre esta contradicción, Presencia alega entonces que también ha denunciado a los tres jueces de la Sala de lo Penal.

Esta no es la única interpretación errónea que ha difundido sobre resoluciones judiciales. En abril, Acodap también mantuvo que Zapatero y Delgado habían sido imputados por la Audiencia Nacional. Tampoco es así. Esas supuestas imputaciones nunca se produjeron. Tras recibir la denuncia de Presencia, el juez simplemente abrió «diligencias». Es decir, ante el relato de los hechos descritos, le puso un número al caso para poder tramitarlo y pedir su opinión a la Fiscalía. Es la práctica más habitual y no implica la imputación de nadie.

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