Durante meses, una concejala del Partido Popular en Móstoles (Madrid, 214.000 habitantes) pidió a su partido que investigara lo que consideraba un caso de acoso contra ella por parte del alcalde del municipio, Manuel Bautista, de su mismo partido. No pidió una condena pública ni acudió de inmediato a los tribunales. Reclamó que se activaran los mecanismos internos previstos para estos casos y que se analizara su situación. El partido no abrió una investigación efectiva, su comité nacional de derechos y garantías archivó el caso sin avisarla, sin escucharla ni citar a sus testigos y el caso quedó enterrado. Cuando ha salido a la luz, esta semana, la respuesta del partido ha sido emprender una estrategia de desprestigio y acoso y derribo. Esta es la historia, en tres actos, de un caso que plantea, una vez más, lo que arriesga una mujer que decide denunciar estas situaciones.

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