En España, la ley obliga desde hace cuatro años a prevenir y atajar el acoso sexual, una forma de violencia que, según la última macroencuesta en este ámbito del pasado diciembre, ha sufrido alguna vez en su vida casi cuatro de cada diez mujeres, más de siete millones. Y esa obligación rige también para los partidos políticos y la Administración General del Estado: desde la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de 2007, a la de Libertad Sexual, de 2022, en la que se incluyó de forma específica la obligación de tener un “protocolo para prevenir, detectar y combatir la violencia machista” en organizaciones sociales y partidos. De eso hace más de tres años y solo hay uno, de todos aquellos con representación parlamentaria, que no cuenta con uno de estos protocolos: el Partido Popular.

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