La regularización extraordinaria de migrantes en España se revela como una de las batallas políticas más cómodas para el PSOE, a pesar de la rentabilidad electoral que las medidas antiinmigración han reportado en numerosos países en los últimos tiempos. El Gobierno de coalición está defendiendo este asunto como un hito en la legislatura, consciente de que sacar de la dolorosa clandestinidad a medio millón de personas, otorgarles derechos y situarlos en condiciones laborales y sociales dignas son elementos que los votantes de izquierda valoran por sí mismos. Además, el Ejecutivo ha exhibido números favorables a la economía, como el alza en las cotizaciones que podrían aportar estas personas a los más de 3,1 millones de extranjeros dados de alta en la Seguridad Social. Informes independientes calculan que el beneficio fiscal neto por cada extranjero regularizado se situaría entre 3.000 y 4.000 euros. Esos mismos estudios concluyen que estos procesos no generan efecto llamada. A pesar de ello, el Partido Popular ha optado por desenfundar su discurso más duro, cercano a las tesis de la ultraderecha que llegan a equiparar la emigración con la delincuencia.

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