La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero corre el riesgo de arrastrar consigo no sólo la reputación del expresidente. También está en juego la credibilidad de aquellos que, de forma un tanto extravagante, insisten en retorcer las evidencias para salvaguardar su honorabilidad. Por fortuna, la responsabilidad penal de quien gobernó España la decidirán los tribunales y no ningún opinador. Sin embargo, la calidad de sus argumentos o la percepción pública de su conducta están sometidas a un escrutinio en el que se puede ser mucho más exigente de lo que pautan las leyes y las garantías procesales.

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