Un apartamento destrozado, una extorsión de 2.100 euros, varias amenazas, ansiedad… Ese es el precio que Alfredo, a quien se le ha cambiado el nombre por petición suya, tuvo que pagar después de que una banda organizada ocupara su segunda residencia, un apartamento en La Vila Joiosa (Alicante). Propietario de un restaurante en San Sebastián de los Reyes (Madrid), fue una de las cinco víctimas de un grupo criminal que cambió el tráfico de drogas al menudeo por la ocupación de viviendas turísticas con la intención de que sus dueños les pagasen para marcharse. Los datos policiales en España muestran un ligero descenso (4,3%) de las denuncias por allanamiento o usurpación (5.392) en los primeros cuatro meses del año. Las cifras no distinguen entre que ocupen la casa, la segunda residencia, o que alguien entre en un piso vacío de un banco o de un gran tenedor, que es la casuística más habitual. “Es más fácil que te roben el móvil que que te ocupen la casa”, subraya el titular del juzgado de instrucción 3 de Reus, el magistrado Diego Álvarez.

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Los alquileres impagados, un proceso civil

El piso de Guillermo López fue ocupado en pleno estado de alarma. La semana del 15 de marzo de 2020 —en la que el Gobierno decretó el confinamiento por la pandemia de la covid-19— una joven de unos 30 años arrendó el inmueble situado en el barrio madrileño de Lavapiés. Aunque la reserva era de una semana, la chica no salió del piso hasta el pasado 4 de octubre, más de dos años después, y a cambio de 1.000 euros. “Dejó de pagar en la segunda semana. Y no soy un especulador, alquilaba para poder vivir”, lamenta López por teléfono.

El propietario, de 48 años y natural de Almería, había vivido desde los 18 en Madrid. Al poco de llegar a la capital compró este pequeño ático en el que residió durante 20 años. Pero la precariedad de su trabajo y el alto coste de la vida en la metrópoli le obligó a dejar la vivienda. En 2018, se mudó a una casa en Almería, propiedad de su familia, y colgó un anuncio de su ático en la plataforma de arrendamiento Airbnb. Los ingresos que obtenía de su alquiler le permitieron alcanzar una estabilidad económica que antaño no tenía. 

“Yo le decía que me estaba arruinando, que tenía que alquilar el piso para poder subsistir. Ella decía que me iba a pagar, pero nunca lo hizo”, cuenta López. La ocupación no solo supuso una pérdida de ingresos, sino la imposibilidad de utilizar su piso. “Lo necesitaba para poder trabajar cuando tenía que desplazarme por algún evento”, cuenta López. Además, tuvo que pagar los costes derivados de la ocupación: luz, agua, gas… “Yo casi sin poder poner la calefacción y ella gastando gas a tope”, se queja el arrendatario.

El día que la joven se hospedó, la vecina de la planta—encargada de abrir la puerta a quienes alquilaban el inmueble—, advirtió a López de la cantidad de objetos personales que la inquilina traía consigo y, por ello, sospecha que la joven alquiló el ático con la idea de quedarse: “La chica sabía a lo que venía”.  A los pocos días, el dueño del ático recurrió a un abogado que le desaconsejó denunciar con el argumento de que el proceso judicial, que se lleva a cabo por la vía civil, podía alargarse hasta tres años. Tras dos docenas de meses, fruto de “la desesperación” —asegura el propietario— acabó abonando «unos 1.000 euros” a la inquilina para que se marchase, continúa López. “Pero si le das la pasta y te denuncia por extorsión, se te puede caer el pelo”, advierte.