Los diplomáticos españoles están indignados. Un cuerpo de funcionarios del Estado tradicionalmente conservador y acostumbrado a afrontar con calma los sobresaltos de su tarea profesional, desde guerras a desastres naturales como los vividos en los últimos meses en Oriente Próximo y Venezuela, está agitado en las últimas semanas. Y esta vez su irritación no se dirige contra el Gobierno, sino contra quienes creen que están cuestionando sin base alguna su honorabilidad y profesionalidad por razones políticas a propósito de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que prevé la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de españoles que emigraron a América Latina.

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