El Tribunal Supremo estudia preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si la regularización de inmigrantes choca con el derecho comunitario. Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo durante la tramitación de los recursos presentados por los Gobiernos de Aragón y de la Comunidad Valenciana contra el decreto aprobado en abril por el Gobierno para que miles de inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones. En dos escritos a los que ha tenido acceso EL PAÍS el tribunal pregunta a esos dos ejecutivos autonómicos y a la Abogacía del Estado si consideran que se debe elevar una cuestión prejudicial al TJUE para que aclare si la norma española vulnera el Pacto de Migración y Asilo de la UE (PMAUE), aprobado en 2024.

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