El Gobierno insiste en el proyecto de ley —que ya está en el Congreso— para prohibir a los partidos, sindicatos y asociaciones dependientes de ellos ejercer la acusación popular. Félix Bolaños defiende esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar el uso “espurio” que organizaciones de ultraderecha como Manos Limpias o Hazte Oír han realizado en los procesos judiciales de Begoña Gómez y David Sánchez, la esposa y el hermano del presidente. La consecuencia de esta instrumentalización de las acciones legales es, según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el desprestigio de la judicatura, tal y como refleja el último barómetro de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena Ser. Más del 65% de los españoles considera que el lawfare —esto es, la instrumentalización de la justicia con fines políticos— existe en España. Ese porcentaje se acrecienta entre el electorado progresista: el 87% de los votantes de Podemos, el 84% de Sumar y el 78% de los electores socialistas creen que hay una guerra judicial. Una opinión mucho menos extendida en el PP (59,9%) y Vox (58,9%).

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