A diferencia de otras crisis, la avalancha migratoria de Ceuta no puede tener otro responsable que el Gobierno, que dirige la política exterior y la defensa del Estado. Es un episodio de extrema gravedad que exige explicaciones detalladas de los servicios de inteligencia, Interior y Defensa. La democracia española dio una impresión de descoordinación y fragilidad, y dejó desatendidos a sus ciudadanos. España denunció la violación de su integridad territorial, pero cautelosamente no señaló quién cometía la agresión. Nadie lo hizo, salvo vaporosas mafias, desinformación, entusiastas lectores de sentencias del Tribunal Supremo. Y, al parecer, nadie debía estar vigilando. En palabras del ministro del Interior, que hace mucho que demostró no estar a la altura de su cargo: “No necesariamente tiene que haber una responsabilidad”. El universo es ciego, las cosas pasan. O, por decirlo con un estilo a la vez kafkiano y presidencial: “72.000 personas han entrado ilegalmente en Ceuta. Por la tarde, fui a nadar”.

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