La pregunta planea cada rueda de prensa que ofrece un dirigente del Partido Popular desde el jueves pasado, cuando 72.000 personas entraron a Ceuta. ¿Acogerán las comunidades, en su mayoría gobernadas por el PP, a los menores llegados aquel día? ¿Y aquellas que comparten el Ejecutivo con Vox después de haber firmado acuerdos en los que se oponen precisamente a su tutela? En el inicio de la crisis, Alberto Núñez Feijóo esquivó la cuestión cuando compareció desde la ciudad autónoma. “Conocen nuestro plan de inmigración”, respondió con evasivas el líder del PP, el sábado. Cinco días después, Génova reconoce que sus autonomías realojarán a los niños y menores extranjeros, aunque los barones protesten y se opongan con todo tipo de trabas al considerar que el reparto obligatorio es injusto. “El Partido Popular siempre cumple la ley; en esta ocasión, también. Nosotros y nuestros gobiernos”, ha asumido el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, este jueves. La norma obliga a darles cobijo cuando otro territorio exceda por tres su capacidad de atenderles, como es el caso de Ceuta. Y “cumplir la ley” implica aceptar ese reparto.

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