La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado ya su recurso contra la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de condenarle a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por las supuestas irregularidades en su contratación, en 2017, en la Diputación de Badajoz. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, pide al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anule la sentencia y acuerde su absolución al considerar que con ella se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, entre otros. Entre sus argumentos, sostiene que fue imputado y condenado ―“no cabe duda”― por “la condición de político de su hermano”.

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