Estaba cantado. El auto del lunes del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que levantaba la orden de arresto contra Carles Puigdemont en aplicación de la doctrina del Constitucional, fijada por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y con notables críticas a esta, era el prólogo. La resolución de ayer de la Sala de lo Penal, firmada por Manuel Marchena, eleva varios grados la fricción entre ambas instituciones y certifica un choque de trenes que no es sólo producto de interpretaciones opuestas en materia jurídica y de competencias.

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