De la crisis institucional vivida en nuestro país en las últimas semanas, hay un órgano claramente herido: el Tribunal Constitucional (TC), paradójicamente, a causa de su inesperada y fulminante decisión de suspender la tramitación parlamentaria de dos enmiendas, auspiciadas por el Gobierno, al proyecto de reforma del Código Penal sobre una materia distinta a la penal: el modo de elegir a dos magistrados del TC por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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