El Congreso de los Diputados no es en esta complicada XV legislatura ni el “congelador de Armengol”, como denuncia repetidamente el PP de Alberto Núñez Feijóo para reseñar que está parado para beneficio del presidente Pedro Sánchez, ni se destaca por una actividad prolífica. El muy fraccionado Parlamento funciona así, en un clima de confrontación creciente e irrefrenable, con normalidad aparente en la mayoría de las sesiones, debates y votaciones, con estadísticas interpretables, pero se atasca y muestra imprevisible ante las grandes leyes, por los intereses cruzados de muchos partidos. El curso político acabó con 42 proyectos ratificados, 18 de ellos reales decretos y 24 ya en vigor en el BOE, pero sin presentar siquiera la ley que regula los Presupuestos del Estado ni desarrollar el en teoría anual Debate de la Nación. En cartera, para el nuevo periodo de sesiones, hay en distintas fases de conclusión parlamentaria otros 50 proyectos. A los que ahora se suma el debate en torno a los incendios y el Pacto de Estado por el cambio climático anunciado por Sánchez, que ofrecerá al resto de formaciones. El Gobierno, además, aprobó en el último Consejo de Ministros el Plan de Lucha contra la Corrupción y creó una comisión interministerial para su puesta en marcha y seguimiento.

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