Tal como han evolucionado las últimas legislaturas, cualquier iniciativa que afecte a las relaciones entre el poder ejecutivo y el judicial es material altamente sensible y eventualmente inflamable. La propensión a hablar de lawfare —utilización de la justicia con fines políticos— y la tendencia del Consejo General del Poder Judicial al laissez faire —o manga ancha— con los jueces tienen posiblemente aturdida a una parte de la opinión pública en España, que con frecuencia no sabe bien a qué carta quedarse cuando se plantean choques entre poderes del Estado. Esta situación favorece un clima de sospecha más o menos generalizada que desde hace ya tiempo viene propiciando el deterioro de las relaciones institucionales y alimentando la desconfianza de la ciudadanía en su funcionamiento. La expresión “fines espurios” ha pasado a ser de uso común para definir la reserva que puede surgir ante posibles intenciones torcidas de todo tipo de decisiones, incluidas las judiciales.

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