Entre el 3 de febrero último y el pasado jueves, el diputado del PP Alberto Casero había apretado un millar de veces las teclas de votación en el Congreso y no se había equivocado ni una sola. A algunos les parecerá poca cosa, pero no pueden decir lo mismo ni la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ni los portavoces del PSOE, Patxi López, y del propio PP, Cuca Gamarra, ni la vicepresidenta Yolanda Díaz y varios ministros, ni tampoco los líderes de Vox, Santiago Abascal, y Ciudadanos, Inés Arrimadas, entre otros muchísimos. Todos ellos forman parte de la legión de 210 parlamentarios que han cometido algún error al votar en los siete meses y medio transcurridos desde que Casero se lanzó involuntariamente a la fama tras facilitar con un desliz suyo que el Gobierno aprobase por la mínima la reforma laboral.

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Criticar en la oposición lo que haces en el Gobierno

Adriana Lastra destilaba indignación en febrero de 2019. La entonces portavoz parlamentaria de los socialistas, primera fuerza de la oposición, anunció un recurso al Tribunal Constitucional por lo que consideraba un “abuso fraudulento” por parte de la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, para congelar iniciativas legislativas admitidas a trámite en el pleno. El truco consistía en aprovechar las funciones que tiene asignadas el órgano de gobierno de la Cámara para ampliar indefinidamente el plazo de presentación de enmiendas a un texto determinado y de ese modo paralizar en la práctica su tramitación. Lastra denunciaba que 50 iniciativas legislativas estaban en un cajón.
Han pasado tres años y medio, el PSOE está en el Gobierno y el PP en la oposición, y ahora son los socialistas —con el apoyo de Unidas Podemos en la Mesa— quienes han abrazado la misma práctica y los populares quienes ponen el grito en el cielo. El PP ya ha presentado varios escritos de protesta ante la Mesa y amenaza con acudir al Constitucional, que no se ha pronunciado desde que el PSOE llevó allí el asunto en 2019.
Los populares vinculan esta práctica con otra que reprochan —como varios otros grupos— al Gobierno: el uso continuado de decretos leyes, hasta casi 130 esta legislatura. El PP arguye que el Ejecutivo está “usurpando” las funciones del Parlamento. El Gobierno legisla mediante decretos leyes, que obtienen el refrendo del Congreso, a menudo con la promesa de tramitarlos como proyectos de ley, lo que abre la puerta a que los grupos introduzacan modificacines. Luego, se amplía una vez tras otra el plazo de enmiendas y los textos se empantanan. Los populares han contabilizado al menos 21 proyectos en esta situación.