Todo empezó hace una semana. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció la supresión del Impuesto de Patrimonio en la comunidad autónoma más poblada de España. Es la misma senda que emprendió Madrid, hace más de un decenio, bajo el poder de Esperanza Aguirre y que se mantiene con la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Una batalla fiscal a la baja que tras el anuncio de Moreno se plantean otras comunidades gobernadas por el PP como Galicia, que no suprime del todo el tributo pero ha anunciado una bajada del 50%. Murcia y Castilla y León, otros feudos populares, optan de momento por rebajas tributarias en conceptos distintos. El Gobierno ha reaccionado promoviendo un nuevo impuesto a las grandes fortunas, de carácter temporal y que entrará en vigor a partir de 2023. La batalla fiscal avanza imparable. Y la subasta emprendida por el partido de Alberto Núñez Feijóo ha adelantado la contienda electoral de las municipales y autonómicas que pondrán en juego, en mayo del año que viene, el gobierno de los más de 8.000 municipios y una docena de comunidades autónomas.

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