El PSOE y Unidas Podemos se han lanzado este viernes a defender la decisión del Gobierno, pactada con ERC, de eliminar el delito de sedición del Código Penal y crear, en paralelo, un nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Y lo hacen con argumentos jurídicos y de homologación al entorno europeo, pero sobre todo con un mensaje político: esto se hace, como los indultos, para resolver el conflicto en Cataluña —el “contencioso vivido en 2017”, como lo llamó Sánchez en la entrevista en La Sexta—, incluso asumiendo que pueda tener coste político en el resto de España, porque el resultado, según el Ejecutivo, vale la pena.

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