La diplomacia no ha disimulado la tensión entre Irene Montero y los principales referentes de la justicia española después de que la ministra de Igualdad acusara a los jueces y fiscales españoles de ser unos “machistas” y de no tener la formación necesaria para aplicar la Ley de Garantía de la Libertad Sexual o ley del solo sí es sí, cuya revisión plantean desde barones del PSOE como socios del Gobierno como el PNV tras la rebaja de condenas a agresores sexuales de menores. La magnitud del malestar de la judicatura ha sido patente más allá de las buenas formas durante la inauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en la antigua sala de sesiones del Senado. El fiscal general del Estado, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género han defendido delante de la ministra y dirigente de Podemos la formación de los magistrados y del conjunto del sistema judicial frente a Montero, que a diferencia de la víspera ha mantenido un perfil más bajo y ha sido más cuidadosa con sus palabras, que ha indignado sin excepción desde las asociaciones de jueces más conservadoras a las más progresistas. Aun así, ha insistido en que hay un problema de formación: “Es nuestra obligación garantizar que los profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes”.

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