A la espera de que el Tribunal Supremo unifique en los próximos días criterio sobre cómo deben revisarse las penas de los condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal incluida en la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, varias audiencias provinciales han tomado ya su propio camino, y, por ahora, en direcciones muy distintas. Los jueces de La Rioja, Zaragoza y Cantabria han mantenido ya reuniones en las que se ha debatido cómo afrontar la revisión de sentencias sin esperar al pronunciamiento del alto tribunal, pero en estos encuentros se ha llegado a conclusiones discrepantes. Lo mismo ocurre entre los jueces de Madrid, donde son ya varias las secciones que han revisado algunos de estos casos y han aplicado distintos criterios. Estas diferencias de criterio elevaron este martes la tensión política y jurídica sobre la llamada ley del solo sí es sí, que ha derivado en decenas de rebajas de penas en casos ya sentenciados que no había previsto el Gobierno cuando la impulsó.

Seguir leyendo