La reforma del delito de sedición no satisface del todo a Unidas Podemos (UP). El socio minoritario de Gobierno teme que la propuesta para eliminar la sedición y la creación, en paralelo, de otro delito de desórdenes públicos agravados se utilice al final para criminalizar protestas pacíficas. Un centenar de entidades sociales, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca al Sindicat de Llogaters (”inquilinos” en catalán), han suscrito un manifiesto avisando del riesgo. El grupo confederal, con los comunes a la cabeza, trabaja desde hace semanas para enmendar el texto e introducir garantías en este sentido. Fuentes parlamentarias evitan ofrecer más detalles sobre la modificación y señalan que están negociando los cambios de forma conjunta en el espacio y también un pacto con el PSOE, con la máxima discreción. El plazo para su presentación en el Congreso termina este viernes.

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