“Complejo” y “poco transparente” son dos adjetivos muy empleados para describir el sistema de financiación autonómico. Otro apellido frecuente es “caduco”, porque lleva desde 2014 a la espera de una reforma: el modelo actual fue aprobado en 2009 con el compromiso de revisarlo a los cinco años. A día de hoy nada ha variado, salvo los decibelios de las quejas regionales, que han ido in crescendo a la vez que se han formado bloques territoriales con posiciones, independientes del partido que gobierna, a primera vista irreconciliables. Todos los territorios exigen cambios, pero no se ponen de acuerdo entre ellas en un asunto que afecta a 15 comunidades de régimen común. Hay territorios que reclaman que la despoblación y el envejecimiento tengan más peso en el reparto de los recursos, otras que denuncian estar infrafinanciadas. Y luego está Cataluña, que se queja de recibir menos de lo que aporta y que, buscando el PSOE los votos de Junts y ERC, ha vuelto a encender el debate sobre la financiación tras las elecciones del 23-J.

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