La firma de un acuerdo entre los Ministerios de Justicia y Hacienda y las asociaciones profesionales de letrados judiciales puso fin, el pasado 28 de marzo, a dos meses de huelga con la que ese cuerpo de funcionarios había protestado reclamando una subida salarial, que finalmente logró. Ese pacto dio pie luego a conflictos laborales entre el Gobierno y las otras dos patas de la Administración de Justicia, que se movilizaron reclamando beneficios similares: los jueces y fiscales, y los funcionarios. Salvo el de los funcionarios de base, el resto de cuerpos consiguió el compromiso de un aumento retributivo (de hasta 450 euros al mes). Pero esos pactos suscritos por el Gobierno están pendientes de ser aplicados, y el retraso en completar estos trámites amenaza con calentar las negociaciones de investidura del PSOE.

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