El debate en torno a la amnistía está dominando la conversación pública en nuestro país desde que la posibilidad de aprobarla se incorporó a la agenda negociadora de socialistas e independentistas, afirmándose como uno de los puntos centrales de las exigencias planteadas por estos últimos para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Discernir el encaje constitucional de la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico se ha convertido, pues, en un asunto fundamental, objeto de atención prioritaria. La ausencia de información sobre los términos de la operación que se ha estado gestando —parece que los conoceremos en breve— impide llevar a cabo todavía una valoración de la misma, determinando de modo específico si la que termine proponiéndose, llegado el caso, respeta o no la Constitución.

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