El acuerdo para transferir a Cataluña las competencias en inmigración fue la guinda de la sorpresa servida el pasado miércoles en el Congreso, a cuenta de la agónica primera votación de la legislatura. Tras días hablando de si a base de multas volverían a Cataluña las empresas que huyeron por el procés, el PSOE consiguió que Junts no bloqueara la aprobación de los decretos clave para el Gobierno, cediendo en un punto que apenas había asomado en el debate público. Los exconvergentes buscaban un golpe de efecto, pero poner el foco en la gestión de la política de extranjería también es el final de un camino pensado por los de Carles Puigdemont para sacar réditos electorales en Cataluña, neutralizando dos frentes abiertos: la pugna con Esquerra por quién es el interlocutor catalán y el temor a una fuga de votos hacia el nuevo partido independentista e islamófobo Aliança Catalana.

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