Joaquín Amills, presidente de la asociación SOS Desaparecidos, está convencido de que si las autoridades hubieran ejercido sus competencias el martes 29 de octubre, la cifra de muertos por la dana en la provincia de Valencia hubiera sido considerablemente menor que las 222 que perdieron la vida. Con esta certeza, durante los días siguientes a la debacle se propuso elaborar una demanda para que los que tenían responsabilidades ese día y los siguientes en la gestión de la emergencia sean sancionados según corresponda. “Por la vía penal estamos convencidos de que no va a prosperar, pero a nivel administrativo podemos probar los fallos, la irresponsabilidad, la negligencia, la falta de cumplimiento de protocolos ya existentes y otros que ni siquiera se han activado”, sostiene Amills.

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