Los magistrados del Tribunal Supremo han asistido en los últimos meses con estupefacción a los intentos fallidos de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace casi cuatro años. Con más o menos escepticismo en cada tentativa, en el alto tribunal se había asumido que el curso 2021/2022 discurriría en su mayoría sin renovación -y, por tanto, sin poder cubrir las vacantes generadas en cuatro de sus cinco salas por la imposibilidad del Consejo de hacer nombramientos mientras siga con el mandato vencido-, pero no querían ni plantearse la posibilidad de que el 2022/2023 se afrontara en esa situación. La fecha límite era hoy, cuando el Supremo acoge la apertura del año judicial, presidido por el Rey y que cada septiembre marca el inicio oficial del curso jurídico. Pero la cita, en vez de llegar con un acuerdo que celebrar, se presenta en el peor momento posible: con las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ rotas y la tensión disparada por las maniobras de un sector del bloque conservador del Consejo para hacer fracasar otra renovación pendiente, la del Tribunal Constitucional.

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