La renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducó en junio puede alterar su mayoría conservadora e inclinar la balanza en leyes simbólicas y muy relevantes para el Ejecutivo de coalición como la ley del aborto, la eutanasia o la ley Celáa. El Poder Judicial debe elegir antes del 13 de septiembre a los dos magistrados que le corresponden, pero el rechazo de un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial a cumplir con este trámite está caldeando la apertura de un año judicial marcado una vez más por un bloqueo fruto del desencuentro político entre PP y PSOE y que dura casi cuatro años. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, defendió el lunes que el nombramiento de los miembros del tribunal de garantías ha de hacerse “sin ninguna duda”. “Me opongo a que esta institución se declare en rebeldía respecto a la Constitución y a la Ley”, dijo. El Gobierno ya ha anunciado que llevará adelante sus nombramientos, aunque el órgano de gobierno de los jueces no elija a los suyos. Estas son algunas de las claves para comprender este nuevo escollo judicial y el poder de decisión del Tribunal Constitucional.

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