Uno de los principales problemas de los sistemas democráticos es encontrar un ajuste idóneo entre el principio de mayoría —que esta decida—, y las instituciones del Estado de derecho —que el ejercicio del poder se someta a la ley—. El equilibrio entre estos dos elementos, el democrático y el liberal, parece claro. Otra cosa es la forma en que se lleva a la práctica. Las tensiones entre ambos acaban siendo inevitables, porque no deja de buscarse la utilización de la jurisdicción constitucional y los tribunales como instrumentos de acción dirigidos a obtener beneficios políticos específicos. Si nos preocupa el populismo es, precisamente, porque pretende someter a la judicatura al rodillo de la mayoría, quebrar los guardarraíles que permiten controlar el ejercicio del poder. Pero, por otro lado, salvo en supuestos claros, tampoco parece demasiado legítimo instrumentalizar el poder judicial para empecer el libre ejercicio de la acción política. Un gobierno de los jueces, su implicación directa en los procesos políticos, es tan poco deseable como un arbitrario ejercicio de la mayoría.

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