Ocho testigos sitúan a la ‘policía patriótica’ de Rajoy detrás de la guerra sucia contra Podemos

La guerra sucia contra Podemos no tuvo una única batalla, sino que fue una sucesión de escaramuzas contra el partido y sus dirigentes que se prolongó a lo largo de meses. Hasta ocho testigos sitúan detrás de esas maniobras a la llamada policía patriótica, un grupo de agentes que funcionó durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior con el objetivo de perjudicar a rivales del PP. Sus relatos encajan como las piezas de un puzle y reflejan una dinámica generalizada, que duró al menos desde 2015 a 2016. Las últimas declaraciones que apuntan en esa línea han brotado en el caso Caranjuez, una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 29 de Madrid sobre una supuesta trama dedicada a estafar a ex altos cargos del Gobierno de Venezuela, a los que se ofrecía supuesta ayuda y protección a cambio de dinero e información.

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Qué se investiga en el ‘caso Caranjuez’

En el caso Caranjuez, en el que se acumulan testimonios sobre supuestas maniobras de la policía patriótica surgida durante el Gobierno de Mariano Rajoy, no se investiga, ni mucho menos, la guerra sucia de este grupo de policías contra Podemos y sus dirigentes, sino la existencia de una trama de extorsión y blanqueo de capitales que tiene como víctimas a antiguos altos cargos del gobierno venezolano de Hugo Chávez. De hecho, las pesquisas surgen en otra causa en la que algunos de estos últimos son los investigados: la abierta en 2017 en la Audiencia Nacional para investigar el blanqueo en España de parte del supuesto botín obtenido en  el saqueo de la petrolera estatal venezolana, el llamado caso PDVSA por las siglas de la compañía energética.

En enero de 2021, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía elaboró dentro de esta causa un informe tras detectar la existencia de “un grupo organizado que prestaba servicios de carácter ilícito” en España a varios de los investigados. “Estos servicios incluirían la obtención de permisos de residencia o la obtención de información sobre investigaciones policiales, entre otros, y se obtendrían a través de contactos con funcionarios policiales y otros funcionarios públicos”, destaca el documento.

La organización criminal —en la que presuntamente participaban abogados, policías y exmilitares— tenía como forma de actuar “aproximarse a ciudadanos venezolanos que pudieran estar relacionados con actividades de blanqueo de capitales con el fin de solicitarle dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales [Sepblac, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos] o la propia Policía Nacional, y ello con el fin de ‘solucionar los problemas que el ciudadano venezolano iría a tener por estar investigado por estos organismos”. A cambio, exigían el cobro de elevadas cantidades de dinero.

Como avanzó La Razón, es en los interrogatorios, que tanto la Policía como la jueza han hecho a las presuntas víctimas, donde surgen las referencias a varios de los presuntos integrantes de la policía patriótica, con los que la trama tenía contacto, y sus maniobras contra Podemos. Por ello, el partido pidió personarse como perjudicado en la causa, pero la magistrada, que ha dejado claro en varias ocasiones que en estas pesquisas no se investigan estos hechos, lo rechazó al considerar que no se le podía considerar damnificado por las actividades del grupo. Finalmente, la formación consiguió entrar en la causa como acusación popular. Javier Alvarado Ochoa aseguró en su declaración ante la jueza que llegó a temer que Eugenio Pino estuviese compinchado con la supuesta trama de extorsión. El abogado del exviceministro ha pedido que el exDAO declare en las pesquisas.

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