La petición de que la UE reconozca al catalán, al euskera y al gallego como idiomas oficiales vuelve a la palestra este martes en Luxemburgo, donde España va a tratar de seguir despejando las dudas y recelos que esta propuesta ha generado entre no pocos socios comunitarios. Aunque el calendario aprieta en Madrid —la medida es una de las condiciones de Junts para apoyar una investidura de Pedro Sánchez—, Europa no tiene prisa por resolver una cuestión con implicaciones económicas y legales, pero sobre todo políticas, que los socios quieren tener claras para evitar nuevos conflictos en un territorio con unas 60 lenguas regionales y múltiples tensiones nacionalistas internas, y que tiene además en su agenda ampliarse en un plazo relativamente corto a más países con nuevos idiomas.

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