“El Gobierno [de España] no tiene poderes para cesar al fiscal general, pero los mandatos de ambos terminan al mismo tiempo. Este sistema ha sido criticado, entre otras razones porque la coincidencia en el mandato puede afectar a la percepción de independencia”. Estas dos frases aparecieron en el primer informe sobre la situación del Estado de derecho en sus referencias a España que la Comisión Europea comenzó a elaborar en 2020. Después se han repetido, redactadas de diferente forma, en los cuatro informes anuales posteriores. Desligar el mandato del jefe de la Fiscalía de la legislatura parlamentaria ha sido, pues, una reclamación constante a Madrid del Ejecutivo de la UE para mejorar el funcionamiento de la Justicia a la que el Gobierno ha respondido cinco años después.

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