Souleyman y su mujer, Fátima, viven en un pequeño cortijo en el campo de Níjar (Almería, 33.076 habitantes) con sus dos hijos, de tres y seis años. Es un viejo inmueble rodeado del plástico de los invernaderos donde él trabaja, dentro de la finca de su jefe. Solo pagan los suministros, pero a cambio el hombre ejerce de guardia de seguridad más allá de su jornada laboral diaria, además de realizar pequeñas labores a cualquier hora. “Al final, no hay descanso”, asegura. Lo que más le preocupa, sin embargo, es el día a día de sus niños, sin vecinos cerca ni sitios donde jugar. “Todo es polvo. Estás en el campo, pero casi encerrados”, asegura. “Queremos irnos, buscar un apartamento, algo, pero no hay: aunque tengas papeles, aunque trabajes, no importa, quedas fuera”, lamenta.

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“Abusos de los derechos humanos”

Entre los asentamientos repartidos por la comarca de Níjar donde viven los migrantes, el de Atochares es el mayor. En sus chabolas, construidas en su mayoría con palés y plásticos de los invernaderos, residen unas 600 personas. La pasada Semana Santa la empresa Emanagua, que abastece al municipio almeriense, cortó tres de las cuatro fuentes del poblado. Sus habitantes se vieron obligados entonces a desplazarse a diario al único punto de agua que quedó, junto a la carretera. En abril, sin embargo, un grupo de activistas instaló nuevas tuberías para que los surtidores del interior del campamento volvieran a funcionar. “Ahora creemos que están pensando otra vez en cortarla”, alertan fuentes del tercer sector, que señalan de la relevancia que tiene para estas personas el abastecimiento de agua potable. “Imagina recoger frutas y verduras todo el día bajo el intenso calor del Mediterráneo y no tener acceso a agua potable”, advierten desde la ONG británica Ethical Consumer, que estos días ha denunciado los “abusos de los derechos humanos” existentes en las cadenas de suministros que, desde Almería, surten a los supermercados del Reino Unido como Tesco, Sainsbury’s, The Co-op o Waitrose.