Carlos Fernández pasó la Navidad de 2006 en una plaza de Buenos Aires, rodeado de desconocidos. No podía tener contacto con sus padres, su hermano o su tía, que es como una hermana para él, porque la Policía les había intervenido los teléfonos y les había estado siguiendo. Habían pasado casi seis meses desde el 27 de junio, el día que decidió convertirse en un fugitivo en lugar de acudir a declarar ante el juez Miguel Ángel Torres, intructor del caso Malaya, contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga, 160.000 habitantes). “Compré comida y me vi solo, empecé a pensar en cómo estarían ellos, en qué estarían pensando. Sabía que mi vida a partir de ahí no iba a ser lo mismo”, cuenta en una entrevista a EL PAÍS. Fernández, el prófugo más mediático de la operación Malaya ―que provocó la primera disolución de un Ayuntamiento en democracia ― ha tardado 19 años en volver a pasar estas fiestas en la Costa del Sol.

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