La reforma del delito de malversación que plantea el Gobierno podrá beneficiar a un total de 21 cargos y excargos públicos de la Generalitat que están siendo investigados o esperan juicio por su participación en el referéndum ilegal del 1-O. Tres órganos judiciales mantienen abiertos procesos por ese delito contra responsables del Govern que impulsó el procés en 2017: 12 de ellos fueron nombrados por Esquerra Republicana y otros nueve, por Junts per Catalunya o su antecesor, el PDeCAT. La rebaja de penas que prevé el acuerdo entre el PSOE y Esquerra para la malversación cuando se produce sin ánimo de lucro sería de aplicación, en caso de condena, a todos ellos, coinciden las fuentes consultadas.

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